Fuente: periodico elmundo
Sin permiso de las autoridades españolas y con fines comerciales, una empresa alemana, se dedica a realizar llamamientos masivos a la población para conseguir donantes de medula ósea.
La empresa es DKMS, que posee el registro de donantes de médula más grande del mundo (2,5 millones de personas) y contra quien el Ministerio de Sanidad se plantea emprender acciones judiciales (ya ha encargado un informe ad hoc a la Abogacía del Estado) por la «ilegalidad» de sus actividades en España. Además, Sanidad le acusa de haber «realizado tareas de promoción de la donación y obtención de donantes sin el conocimiento previo de las autoridades sanitarias» españolas, tal y como obliga la Ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública, y de haber sacado de nuestro país más de un millar de muestras biológicas (con ADN de españoles) sin la autorización pertinente.
Matesanz ha alertado a toda la red sanitaria española de la forma de proceder de esta empresa, que, según un informe del Ministerio al que ha tenido acceso este diario, factura 14.500 euros por médula («los precios más caros del mercado, casi el doble de los españoles»), con lo que, a 6.000 euros estimados de ganancia por donación, supuestamente obtiene un margen de beneficios de «más de 24 millones de euros cada año».
Según explica Sanidad : DKMS -que el pasado diciembre constituyó una fundación sin ánimo de lucro en nuestro país para poder operar con más libertad- capta donantes en España que se prestan a ceder células de su médula para que sea curado un paciente concreto cuya familia ha realizado un llamamiento masivo dirigido por esta empresa. DKMS se lleva esos donantes potenciales españoles a Alemania, que, además, han sido invitados previamente a hacer una «donación voluntaria de 50 euros», y los inscribe en su propio registro. Luego vende cada médula por 14.500 euros a pacientes u hospitales de otros países, por ejemplo EEUU. O la revende a hospitales españoles, que se ven obligados a pagar, así, 14.500 euros por un donante que, si hubiera estado inscrito en el registro oficial español -el REDMO, que lleva la Fundación Josep Carreras-, le hubiera salido gratis.
Lo denominan privatización del transplante, un negocio como cualquier otro, siendo un comercio ilegal de órganos. Se han sacado del país más de 1.000 muestras biológicas. Pero Matesanz es concluyente: «La introducción de empresas privadas en nuestro sistema de donación, que no se someten a los mecanismos legales y organizativos que existen en nuestro país, supone un riesgo evidente de quiebra del modelo español de trasplantes.
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Anastasya Kolesnykova
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